Son tus derechos, hacelos valer

"El derecho a vivir sin violencia está ausente en la vida de la mayoría de las mujeres".

Quienes vamos a votar nos preguntamos

¿Qué proponen los CANDIDATOS POLÍTICOS frente a este tema?

El derecho a vivir sin violencia está ausente en la mayoría de las vidas de las mujeres. Distintas formas de violencia las afectan durante todo su ciclo vital, sea en su relación de pareja, en la familia como en el ámbito escolar y laboral, entre otros. Es decir, los lugares privados y públicos son común escenario de estas agresiones, las que se vinculan directamente con las relaciones de género construidos socialmente, a partir de los cuales las mujeres ocupan un lugar subordinado y discriminado en las relaciones de poder inequitativas. Esta subordinación se potencia y retroalimenta agudizando las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, como es el proceso de feminización de la pandemia de VIH-Sida.

La violencia sexual contra las mujeres y las niñas ha demostrado ser una de las principales causas que favorecen la extensión de la epidemia del Sida. Lo que explica, de alguna manera el impacto del VIH- Sida sobre las mujeres, en especial, en aquellas que carecen de autonomía y poder de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción. Investigaciones diversas demuestran que en aquellos lugares donde la prevalencia de VIH es alta, las mujeres que han sufrido violencia corren hasta tres veces más riesgo de adquirir el virus que las que no lo han sufrido. El miedo a la violencia también juega un rol activo en este ciclo de retroalimentación. Por un lado, el miedo les impide rechazar el sexo inseguro, ya que está comprobado que numerosas mujeres saben que sus parejas habituales pueden ser portadores del VIH, pero carecen del poder social para oponerse a las relaciones sexuales de riesgo por miedo a ser maltratadas. Por otro, la violencia y el temor a la violencia son factores que impactan en la capacidad real de las mujeres de realizarse el examen de diagnóstico, de visibilizar y dar cuenta de su condición de persona viviendo con VIH-Sida en los ámbitos de su vida cotidiana y también de exigir el tratamiento oportuno al que tienen derecho. Esta condición multicausal de la violencia contra las mujeres es lo que hace más difícil su abordaje desde las políticas públicas y los programas de intervención.

Durante muchos años la violencia hacia las mujeres no fue considerada como un problema de derechos humanos ni de salud pública. Su incorporación a la atención de los servicios de salud es aún un asunto pendiente en muchos países del mundo. Mayores dificultades existen para la intervinculación de la violencia hacia las mujeres y su salud sexual y reproductiva, a pesar de que diversos instrumentos internacionales del sistema de las Naciones Unidas establecen la relación directa que existen entre ellas. El embarazo forzado, la atención deshumanizada del parto y el nacimiento, el aborto “espontáneo” generado por golpizas a mujeres embarazadas por parte de sus parejas, la violencia sexual, el rechazo al uso de métodos anticonceptivos y de protección por parte de las parejas, la transmisión del VIH, el aborto clandestino son sólo algunos ejemplos de la profunda interrelación que existe entre la violencia hacia las mujeres y la salud sexual y reproductiva. Cuando un Estado no provee servicios de salud sexual y reproductiva que las mujeres necesitan (servicios de salud materna, tratamiento de cáncer útero-cervical, servicios de anticoncepción, servicios de aborto, atención a la violencia sexual) se generan, por omisión, acciones de discriminación hacia las mujeres.

Porque la violencia es un problema de salud, de educación, y de arraigo de pautas culturales que la han instituido, la violencia hacia las mujeres es un atentado a sus derechos humanos. Los Estados, por lo tanto, deben implementar políticas públicas de prevención, erradicación y sanción de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia estructural, la violencia simbólica, la patrimonial y toda otra que surja de la condición de inequidad de género.