El hecho histórico que significa la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva, en un Uruguay que tardó 70 años para resolverlo, es incuestionable. Quedará en los anales no sólo del Poder Legislativo sino de los acontecimientos resaltables de las noticias del país y del mundo. Y, más importante, en la alegría de la mayoría de la población y en la lista de logros del ejercicio democrático del poder ciudadano.

Luego de casi un cuarto de siglo de lucha incansable, que siempre tuvo a las organizaciones de mujeres al frente de las acciones y que hoy aglutina a diversidad de actores y un amplio espectro de organizaciones de la sociedad uruguaya, que promovieron el cambio, se aprueba una ley integral que ubica la regulación de la práctica del aborto en el centro de una batería de acciones que son imprescindibles para que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Una ley que fortalece al Estado en su obligación de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos de toda la ciudadanía, generando las condiciones para que todas las personas en libertad y en igualdad de oportunidades, puedan tomar las mejores decisiones a la hora de constituir sus familias y decidir sobre si tener hijos o no, cuándo y cuántos.

Una ley que, finalmente, busca dar respuestas integrales a problemas que, toda persona sabe, son complejos, forman parte de las múltiples y nada banales decisiones que se deben tomar en la vida cotidiana y que, está demostrado, es mucho mejor hacerlas en contextos continentadores que sólo son posibles cuando los marcos legales son los más adecuados.

Del tiempo que transita el ejercicio de la maternidad, una relación de las pocas entre los seres humanos que es para toda la vida, esta ley le otorga a la mujer el derecho a decidir sólo hasta las 12 semanas de ese largo proceso. Frente a un embarazo no buscado, no planeado, no deseado, las mujeres –y sus parejas cuando están presentes- tienen 12 semanas para determinar si se tienen o no las condiciones, en ese momento, de asumir la enorme responsabilidad de dedicar 40 años promedio de la vida para cuidar y velar por la calidad de vida de ese ser.

Hasta el momento el Estado no ha hecho sus mejores esfuerzos. Los distintos gobiernos, hasta el día de hoy, no han implementado las políticas más necesarias e imprescindibles para que las personas, sin discriminación alguna, accedan a todo lo que se requiere para tomar las mejores decisiones. Es más el Estado se ha desentendido y la sociedad ha delegado sobre los hombros de las mujeres la principal responsabilidad de velar, hasta con la vida, por el bienestar, el confort y el cuidado de toda la familia. De forma gratuita, invisible, desvalorizada y desvalorizante. A través de discursos políticos y religiosos que ensalsan la heroicidad de las madres al mismo tiempo que obligan a las mujeres a ejercer la maternidad como mártires.

La ciudadanía ha manifestado ampliamente y de múltiples formas, su adhesión a esta ley, justa y necesaria. También lo ha hecho el Parlamento uruguayo.

MYSU rechaza el veto impuesto por el Presidente de la República por considerarlo un acto autoritario y falto de legitimidad ética. El país ha logrado una ley que da mejores respuestas a problemáticas que hasta ahora no tuvieron soluciones efectivas. Cuenta con el apoyo de la mayoría ciudadana brindando a la sociedad y al Estado uruguayo herramientas necesarias para mejorar las condiciones de vida de su población. Recurrir al veto para dirimir el conflicto debilita los mecanismos democráticos representativos y directos que la Constitución, también se ha dado, para resolverlo.

MYSU
MUJER Y SALUD EN URUGUAY
Montevideo, 13 de noviembre de 2008.